Todas las iniciativas catastrales desarrolladas en España durante el s. XIX se realizaron sobre el establecimiento de una contribución sobre bienes inmuebles, cultivos y ganadería, si bien todas ellas caracterizadas por la ausencia de cualquier representación gráfica, conociéndose estos trabajos como amillaramientos. Éstos consistían en relaciones de todos los propietarios con sus bienes y rentas estableciendo un sistema de cupo por provincia o cantidad que periódicamente debía recaudarse en cada territorio. La riqueza imponible resultaba de la multiplicación de la extensión superficial del bien o del número de unidades de ganadería por el producto o tipo evaluatorio correspondiente a su uso o aprovechamiento.

En 1895 se implanta el Catastro por Masas de Cultivo que describiría la riqueza de cada término municipal con expresión de las cabidas pero sin llegar a su imputación a los contribuyentes. Para ello se procedió al levantamiento por el Instituto Geográfico y Estadístico de planimetrías a escala 1:25.000 de los términos municipales. En estos planos por término municipal también llamados pañoletas, se señalaban los núcleos de población, así como las vías terrestres y fluviales para facilitar la sectorización del territorio.