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Archivos de Castilla y León
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Archivo Histórico Provincial de Ávila
ES-CYL-AHPAv-05001
Juzgado Instructor de Responsabilidades Políticas de Cebreros (Ávila)
Fondo
5 cajas
El 9 de febrero de 1939 se promulgó la llamada Ley de Responsabilidades Políticas de las Personas Físicas y Jurídicas que “… contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden… y de aquellas otras que, a partir de dichas fechas, se hayan opuesto o e opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grande”. En el artículo 18 de dicha Ley se atribuye la materia de responsabilidades políticas a la Jefatura Superior Administrativa, a los Tribunales Regionales, a los Juzgados Instructores Provinciales, a las Audiencias y a los Juzgados Civiles Especiales.
La Vicepresidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de defensa, nombra los Jueces Instructores que se establecen en Bilbao, Melilla, Ceuta y en “cada una de las capitales de provincia de la zona liberada”. Les corresponde cursar al Tribunal Nacional las denuncias que reciban, instruir los expedientes, dirigirse a todas las Autoridades y funcionarios reclamando los informes que estime necesarios, redactar un resumen metódico de todas las pruebas practicadas y elevar informe, con el expediente, numerado y foliado, al Tribunal competente para su resolución.
La Ley de 19 de febrero de 1942 estableció como se debían de valorizar los bienes de responsables políticos.
El Decreto de 13 de abril de 1945 suprimió esta jurisdicción especial, creándose las Comisiones Liquidadoras de Responsabilidades Políticas en el Ministerio de Justicia que siguieron actuando hasta los años 50.
Transferencias
Documentación referente a los procesos de incautación y represión política de personas e instituciones contrarias al Movimiento Nacional: rendición de cuentas de los administradores judiciales.
Conservación permanente.
Condiciones de acceso reguladas por la Ley 6/91, de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León, la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en lo relativo a los procedimientos cuyo trámite ha finalizado (artículo 37) y la Ley 16/ 1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. Las restricciones de acceso a esta documentación por contener datos de carácter personal, cuya difusión puede afectar al derecho a la intimidad y honor de las personas han sido modificadas por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
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En general está en buen estado de conservación.
Idd. 49 (Access) en soporte electrónico e impreso (inventario)
Eenro2006
Abril 2020