La publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspende la apertura al público de los archivos, durante quince días que posteriormente han sido prorrogados por otros tantos.

Esta decisión, que ya había sido tomada previamente por la Junta de Castilla y León como una de las medidas de contención del COVID-19, afecta a todos los centros de archivo, que dejan de prestar sus servicios presenciales hasta que el Gobierno de España levante el Estado de alarma en el que nos encontramos. La actividad laboral interna de estos centros se mantiene, si bien con servicios mínimos, pudiendo atenderse consultas por vía telefónica y telemática.