La Comisión Provincial de Actividades Clasificadas

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Del 9 de marzo al 13 de abril de 2021 el Archivo Histórico Provincial de Segovia presenta como tesoro del mes los Expedientes de la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas de Segovia. 

Los expedientes seleccionados se corresponden con la actividad de la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas, que ejerció su cometido entre los años 1994 a 2004. Se refieren a una explotación porcina en Nava de la Asunción, un hostal en Espirdo y una discoteca en La Lastrilla. Incluye los proyectos realizados por un Ingeniero Agrónomo, un Arquitecto y un Ingeniero Técnico Industrial, respectivamente. Se trata de una documentación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

Tradicionalmente el hombre ha utilizado el medio físico en provecho propio. El incremento de la población y el avance industrial y tecnológico ha traído como consecuencia, entre otras, que su impacto sobre el medio ambiente, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, sea muy acusado. Tanto es así que en nuestro tiempo la preocupación por su conservación es tan relevante que la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución de 1978, dedica su artículo 45 del Capítulo III del Título I, De los principios rectores de la política social y económica, a este asunto, de tal tenor:

1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

En este contexto, en el del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, y en el de la normativa de la Unión Europea, que también obliga a España desde su ingreso en 1986, se aprueba la Ley 5/1993 de Actividades Clasificadas, que, además de regular que toda persona física o jurídica que pretenda la instalación, ampliación o reforma de una actividad clasificada deberá solicitar la correspondiente licencia de actividad ante el Ayuntamiento donde radique dicha actividad, y de enumerar detalladamente lo que son las “actividades clasificadas” y las “actividades exentas”, crea además la Comisión de Actividades Clasificadas, tanto la Regional como las provinciales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, que evacuarán las consultas y emitirán los informes que determine la normativa, salvo en los casos en los que sea preceptiva la Evaluación de Impacto Ambiental, siendo dichos informes vinculantes para la Autoridad municipal cuando suponga la denegación de la licencia de actividad o la imposición de medidas correctoras. Se incluyen tanto las actividades públicas como las privadas. La norma sustituye al anterior reglamento de 1961 (actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas), que, a su vez, sustituyó al de 1925, promulgado durante la Dictadura de Primo de Rivera.

Entendido el medio ambiente como el sistema exterior físico y biológico donde vive el ser humano, tal y como lo define la ONU, el impacto sobre dicho medio ambiente es además historia de las comarcas y de las poblaciones, definidor por sí mismo de un paisaje en constante cambio y con repercusión en las generaciones futuras, tanto en el medio urbano como en el medio rural, desde las múltiples ópticas que las distintas disciplinas científicas puedan considerar, tales como la Geografía, la Ingeniería o la Arquitectura, entre otras, sin excluir, por descontado, la propia historia de la administración, de sus instituciones o de su funcionamiento. 

El impacto del hombre sobre su entorno, tanto en el medio rural como en el medio urbano, puede estudiarse desde múltiples ópticas en la documentación de la Comisión Provincial de Medio Ambiente de Segovia, en los once años que dura su existencia. La Comisión desaparece tras la entrada en vigor de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, que crea las Comisiones de Medio Ambiente y Urbanismo.