Un muerto muy vivo. El Salvoconducto

La declaración del estado de alarma ante la crisis sanitaria que se promulgó en el año 2020 vino a actualizar una situación completamente desconocida para un ciudadano del siglo XXI: la restricción de su derecho a la libertad de movimientos, y para superar de forma individual y concreta esa restricción colectiva ha reaparecido una figura documental: el salvoconducto.

Pero, ¿qué se conoce sobre los orígenes del salvoconducto? Aunque no se hayan conservado hasta nuestros días sabemos, gracias a historiadores como Tito Livio, que el salvoconducto era necesario en ocasiones para entrar o salir de la Roma republicana. También sabemos que en los reinos medievales era frecuente la necesidad de obtener un salvoconducto, fuese expedido por una autoridad regia, señorial, eclesiástica o concejil, para efectuar desplazamientos de todo tipo.

Salvoconducto de 1803

Los salvoconductos más antiguos otorgados por los reyes en España que han llegado hasta nuestros días son del siglo XIII y se conservan en el Archivo de la Corona de Aragón. De los siglos XIV y XV se conservan ya con más frecuencia.

La centralización jurídico-administrativa que caracterizó el siglo XVIII español hizo que se redujese mucho el uso del salvoconducto. Señores civiles y eclesiásticos perdieron esa prerrogativa, igual que los concejos.

Sin embargo, el temor al contagio revolucionario tras los sucesos de Francia en 1789 volvió a revitalizar el recurso al salvoconducto. Durante el siglo XIX, los cambios de régimen, las guerras civiles, la inestabilidad política fueron circunstancias que llevaron a un uso constante y masivo del salvoconducto, lo cual provocó la estandarización documental mediante el recurso a la imprenta y la creación de formularios que permitían su uso por alcaldes. Muchos de estos salvoconductos se han conservado por haber sido reutilizados como portadas de protocolos o expedientes. Así, el salvoconducto de 1814 del Gobierno Político es utilizado como portada de un protocolo de Matapozuelos del año 1815.

El inicio del periodo de gobierno del Partido Moderado en 1844 se caracterizó por su autoritarismo por lo que las restricciones al movimiento de los ciudadanos fueron constantes. De hecho, los protocolos notariales nor informan de que circular con el preceptivo salvoconducto no era una mera formalidad. 

Poco antes del fin del periodo de gobierno moderado, el 15 de febrero de 1854 se suprimió el salvoconducto, volviendo, no obstante, a la vida con la Guerra Civil, que lo hizo retornar con inusitada dureza en ambos bandos: circular sin él llevó en muchas ocasiones a una muerte sin contemplaciones. 

El fin de la guerra no trajo la paz y mucho menos la libertad de movimientos para los ciudadanos.
En mayo de 1939 las compañías de ferrocarril recibieron orden expresa de no expedir billete a ningún viajero para fuera de la provincia sin salvoconducto.

En junio una Orden Circular sobre la expedición de salvoconductos autoriza a las autoridades dependientes del Ministerio de Gobernación a seguir expidiendo salvoconductos, con validez temporal y con indicación de profesión, edad y naturaleza de los interesados. Y lo hicieron con auténtica fruición, en el año 1942 se despacharon 511.962 salvoconductos.   

En Castilla y León la obligación de circular con salvoconducto prácticamente desapareció en el año 1952 cuando la Guardia Civil acabó con los últimos reductos de los guerrilleros del maquis en el norte de Palencia y el norte y oeste de León.

El fin casi definitivo vino con una lacónica Orden de 3 de octubre de 1955 del Ministerio de Gobernación que suprimió los salvoconductos.  Y aquí hubiese acabado esta historia si el Real Decreto-ley de 29 de marzo de 2020 no hubiese declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional ante la desbocada evolución de la situación de emergencia que para la salud pública supuso el coronavirus. Desde entonces declaraciones responsables y salvoconductos se han vuelto indispensables, primero para eximirse del confinamiento domiciliario y luego para superar los confinamientos territoriales, lo que ha llevado a que incluso los directores de Archivos hayan expedido salvoconductos para que los usuarios pudiesen acceder a esos Archivos y sus documentos.

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